El acoso sexual en las universidades del Ecuador es un tema inexplorado. No existen cifras que permitan medir ni visibilizar la magnitud de este problema a nivel nacional. Incluso la última encuesta para estudiar el acoso sexual en nuestro país fue realizada por el INEC en 2011. Ante la falta de recursos para reconocer este fenómeno, un grupo de investigadoras y feministas de diversas universidades del país (Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la FLACSO, la Universidad de Cuenca y la Universidad Central del Ecuador), se han organizado para desarrollar un instrumento que permita medir la prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior.

El hecho es claro: en las universidades del Ecuador, como en las de otros países de la región y el mundo, hay acoso sexual. Sin embargo, Paz Guarderas, investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana y miembro del grupo de mujeres que se han unido por esta causa, comenta que “no existe una concepción acertada en torno a estas prácticas”. Es decir, las víctimas no logran identificar lo que es o no es acoso sexual. Además, cuando se lo detecta, la opción que toma la mayoría es guardar silencio por miedo a represalias por parte del sujeto agresor que se impone haciendo uso de su posición de poder. “Faltan políticas y normas en las universidades para prevenir, atender y sancionar estos casos”, añade.

El camino por recorrer es largo y los abusos siguen. A raíz del caso que se hizo público del docente que acosó sexualmente a estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador -y que posteriormente fue separado de la institución-, en febrero de 2016, se encendieron las alarmas y finalmente las autoridades encargadas se han pronunciado a escala nacional sobre las agresiones sexuales en las instituciones de educación superior.

A pesar de que el año pasado se implementó en Ecuador el Protocolo para actuar frente a situaciones de violencia en instituciones educativas , este solo aplica para escuelas y colegios. En noviembre del 2017, la Senescyt estableció que las universidades deben elaborar protocolos en cada institución para prevenir estos actos. Respecto a este pronunciamiento, Guarderas menciona que “se necesita personal capacitado en el área”, para evitar la revictimización (la afectación a los derechos a la víctima como consecuencia de la exposición derivada del acoso sexual) o la impunidad.

Ecuador no es un caso aislado. En general, en las universidades de América Latina no hay datos claros ni oficinales sobre acoso sexual en las universidades. El portal web Distintas Latitudes en septiembre del 2016 buscó información en 63 Universidades de 11 países para saber si contaban con protocolos para actuar frente a casos de abuso sexual. Los resultados demostraron que apenas 12 universidades (de México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Ecuador) cuentan con estos documentos. En el caso de Ecuador, la institución a la que se hace referencia es la Universidad San Francisco de Quito; sin embargo, este protocolo no se encuentra disponible actualmente en la página web de la institución.

Gracias a los aportes que han realizado las investigadoras ecuatorianas, cuyo objetivo a largo plazo crear una base estadística para cuantificar el fenómeno y lograr dar a conocer dicho problema, la Universidad Central del Ecuador y la Escuela Politécnica de Chimborazo ya cuentan con instructivos para denunciar las agresiones de acoso sexual a los estudiantes. Se espera que en un plazo corto más instituciones se unan a la iniciativa, recordando que existe la necesidad que desde el Estado, la academia y la población se realice un trabajo articulado para generar una respuesta eficiente a las víctimas de abuso sexual en las instituciones educativas el Ecuador.